Resumen: Condena por el transporte de droga en diferentes días y para los encargados de recibirla para su distribución. El TSJ confirma las condenas, aunque rebajando en dos años de prisión por el delito contra la salud pública a uno de los recurrentes. En cuanto a la alegación de que ignoraba que la maleta contenía o podía contener sustancias estupefacientes, se argumenta la existencia de prueba bastante y la concurrencia del dolo eventual. En cuanto a la lesión del derecho a la igualdad de las penas, a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la arbitrariedad, denunciando la diferencia entre las penas impuestas a los acusados, el Tribunal de apelación ya aceptó esta tesis, puesto que reduce la pena de prisión por el delito contra la salud pública. En cuanto a la punición del delito por pertenencia a grupo criminal, se toma en consideración que uno de ellos reconoció los hechos en el acto del juicio oral. En este caso, no hay un tratamiento desigual a supuestos de igualdad o un tratamiento igualitario de situaciones patentemente desiguales. Ante la inaplicación del art. 21.4º, con aplicación directa o por la vía analógica del art. 21.7º del CP., se descarta pues en el hecho probado no existe ningún substrato fáctico que permita dicha apreciación. No cabe admitir que cualquier tipo de colaboración pueda determinar la aplicación de una atenuante, ni siquiera analógica.
Resumen: El auto de 8 de junio de 2024 es un auto que corrige un error que se desliza en el auto de 3 de febrero de 2021. Error que se evidencia una lectura integral de este mismo y que lleva al TS a ratificar la resolución recurrida.
Resumen: El principio acusatorio exige dar respuesta a las conclusiones definitivas de las partes, no a las provisionales. El recurso contra sentencias penales absolutorias está informado por criterios muy restrictivos implantados por una doctrina vinculante que tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002.
Resumen: El objeto de investigación fue la posible falsedad documental en la que podría haber incurrido la exmujer del denunciante , por haber presentado la declaración del IRPF, en su modalidad de tributación conjunta, con su desconocimiento y, por tanto, sin su autorización. El Tribunal recuerda que el artículo 61.6 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que, en caso de optarse por una tributación conjunta, la declaración será suscrita y presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad y concluye diciendo que los hechos denunciados sí podrían ser punibles con arreglo a los artículos 392 y concordantes del Código Penal, que castiga la modalidad falsaria consistente en suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
Resumen: Derecho a la intimidad: Ausencia de auto judicial para análisis de sangre extraída con fines terapéuticos. Se rechaza el motivo, que se formula per saltum, además por la constancia de auto judicial motivado. No cabe apreciar la atenuante de confesión en quien se acogió a su derecho a no declarar a lo largo de la investigación policial y judicial, y en el juicio manifestó asumir los hechos de la acusación, no aportando nada nuevo ni esencial que no se derivase del resto de las pruebas incriminatorias existentes en su contra. Su declaración entonces -que estaba muy borracho y que no recordaba los hechos- resultó irrelevante para la configuración de los hechos y la ayuda a la acción de la Justicia. Las pruebas de cargo existentes eran tan abrumadoras, que sin duda habrían desembocado en la condena del acusado cualquiera que fuera el contenido de su declaración. Además de ser contradictoria la fundamentación del presente motivo con la finalidad buscada en el motivo anterior. Individualización de la pena: ciertamente la repercusión mediática no debe ponderarse a estos efectos, pero el resto de las razones expuestas (fallecimiento de dos ciclistas, elevada velocidad, riesgo para otras personas, absoluta desatención ante la ausencia de frenada alguna, antecedente por conducir bajo alcohol, alto grado de alcohol), integran un acervo motivacional que satisface plenamente el mandato constitucional y normativo de motivación de las penas, y de la imposición de la pena máxima en el caso.
Resumen: El Tribunal dice que del relato de hechos probados se desprende sin necesidad de mayor explicación la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito, toda vez que no se discute que desoír la revocación del consentimiento previamente prestado y mantener la relación sexual contra la resolución expresada integra el delito de agresión sexual. El voto particular considera que que existe un margen de incertidumbre resultante de la declaración de la víctima que impiden llegar a la convicción de que ambos acusados, o alguno de ellos, entendieron la voluntad de la denunciante de acabar con las relaciones sexuales.
Resumen: El condenado apela la sentencia solicitando su absolución, alegando que la sentencia impugnada incurre en error en la valoración de la prueba. La Audiencia tras poner de manifiesto que la condena en un proceso penal exige que se haya alcanzado un grado de certeza muy elevado sobre los hechos imputados y que no basta con que la prueba conduzca a creer que es probable que los hechos ocurrieron de ese modo, sino que se ha de alcanzar la casi total seguridad de que fue así. Los principios de presunción de inocencia y "in dubio pro reo"comportan el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, estima el recurso. El apelante plantea una hipótesis defensiva que no es descartable; sostiene que él no sabía que las sustancias intervenidas estaban en el coche en el que él se encontraba. Y lo cierto es que el coche no era suyo, sino de su hermano, y que las sustancias estaban ocultas. Es verdad que, a la vista de la prueba practicada, lo más probable es que el apelante fuese el auténtico poseedor de las sustancias, tal como se argumenta en la sentencia impugnada (aunque no podemos tener en cuenta las respuestas que el apelante dio a los agentes en el momento de la intervención; son declaraciones que carecen de valor). Pero no basta con que esa sea la hipótesis más probable: para poder condenarle por el delito sería necesario que lo que sostiene el acusado fuese descartable, y no lo es.
Resumen: Delito continuado de abuso sexual. No se aprecia el bis in idem por apreciar la menor edad de trece años y el prevalimiento. No se aprecian contradicciones relevantes en la declaración de las víctimas. Corroboraciones indirectas. Prevalimiento: tío abuelo respecto del sobrino nieto. Voto particular: duda razonable que debió conducir a la absolución.
Resumen: La Sala asume su competencia para el enjuiciamiento de los hechos, dado el lugar de comisión. Se condena al acusado como responsable de un delito de apropiación indebida por acreditarse que el mismo hizo suyo un dinero de la Federación que presidía, del que podía disponer en su condición de titular de la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de la federación, mediante la realización reintegros que aplicó a fines propios y cargos en la cuenta de gastos por servicios de compras no relacionadas con sus funciones ni con los fines de la federación. No se considera aplicable el subtipo agravado, al ser la cuantía defraudada inferior a 50.000 euros y tampoco el abuso de las relaciones existentes entre la víctima y defraudador, porque la raíz del delito de apropiación indebida se encuentra en el abuso de confianza de que se vale el sujeto activo y en este caso no se identifica una relación entre la Federación perjudicada y el defraudador distinta de la que posibilitaba al acusado manejar los fondos de los que, abusando de la confianza recibida, se apropió. El tiempo transcurrido desde la incoación de la causa, hasta la elevación de la misma, para su enjuiciamiento, a esta Audiencia Provincial excede de la duración que pudiera esperarse para la instrucción de un procedimiento cuyo objeto quedó finalmente reducido a las irregularidades, en un acotado periodo de tiempo, en la gestión y disposición del dinero de la Federación por su parte por lo que se aprecian dilaciones indebidas.
Resumen: No corresponde al tribunal de la extradición valorar la entidad de los indicios de descargo aportados por la defensa para sostener la ausencia de ilícito penal. En la descripción de hechos de la solicitud extradicional pueden deducirse los elementos del presunto fraude contractual por la que se reclama a la recurrente, equivalente al delito continuado de estafa. El principio de especialidad extradicional no hace alusión al grado de participación del reclamado en un delito. La graduación de la pena es materia reservada al tribunal de enjuiciamiento. Es admisible la solicitud de extradición por el fiscal, conforme al Tratado de extradición. No se deduce ningún indicio de motivación política en la reclamación extradicional. El arraigo no es causa impeditiva de la entrega. Riesgo de tratos inhumanos o degradantes: condicionamiento de la entrega a la prestación por las autoridades chinas de la garantía previa de que serán respetados los derechos humanos de la reclamada. VOTO PARTICULAR: considera que la garantía previa de que serán respetados los derechos humanos de la reclamada carece de eficacia, al haber estimado el TEDH que las declaraciones de las autoridades Chinas (declaraciones diplomáticas) de respeto a los derechos humanos de los reclamados son meramente formales sin ninguna garantía.
